“La pandemia ha provocado una drástica pérdida de vidas humanas con profundas consecuencias sociales y económicas, que ponen incluso en peligro la seguridad alimentaria y la nutrición”, afirmaban la FAO, FIDA y PMA en una declaración conjunta sobre el impacto de la COVID-19. Y es que, aunque tanto el sector primario como la industria y la distribución de alimentación pertenecen al grupo de actividades que se han mantenido en funcionamiento durante el estado de alarma respondiendo a su calificación de servicios esenciales, el sector ha sufrido y sufrirá un fuerte impacto en su actividad.
Si bien es verdad que la situación provocada por la Covid-19 ha situado al sector y sobre todo a sus trabajadores (agricultores, ganaderos, empleados de la industria, transportistas y empleados de la distribución) de manera temporal en el foco de atención con un reconocimiento inusual hacia ellos, la realidad es que el sector afronta una situación compleja frente a la cual una adecuada comunicación con los grupos de interés se hace imprescindible.
Durante la etapa más dura del confinamiento, la cadena en su conjunto ha sido muy proactiva en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad (distanciamiento social, priorización de pago por tarjeta versus en efectivo, uso de EPIS y guantes, etc.). En lo que se refiere al apoyo social, diferentes cadenas de distribución, así como la industria, han colaborado con bancos de alimentos y ONG’s, tanto en la entrega de alimentos (Mercadona, Ahorramas, Carrefour, Aldi, Hero España, Ebro Foods…), como en la dotación de servicios necesarios (por ejemplo la cesión de Ahorramas de su plataforma en Mercamadrid), o con la donación de EPIS. Por su parte, agricultores y ganaderos, que se han visto afectados por el impacto en la mano de obra, no han dejado de trabajar para poder garantizar el acceso a una alimentación de calidad en todo el territorio.
