Asuntos Públicos 10 Sep 2019

Activismo patronal: La «Res Publica» pide paso

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Los españoles confían menos en los empresarios que en los curas, aunque más que en el Gobierno y en los partidos políticos. La salud de nuestras instituciones está dañada por más de una década de crisis económica, casos de corrupción política y económica y un progresivo aumento de la desigualdad, que no ofrece síntomas de disminución. Todo ello ha supuesto un cóctel explosivo en el centro del sistema democrático de valores, cuyas consecuencias observamos hoy en forma de movimientos populistas en la política y en una actitud recelosa de la sociedad hacia las organizaciones que la estructuran (partidos políticos, sindicatos, patronales).

Hay un cambio de paradigma de cómo los ciudadanos se relacionan con las organizaciones que los representan o que vehiculan su participación. El nuevo ciudadano fiscaliza, amonesta y dictamina desde su atalaya digital; exige transparencia radical de todo lo que sucede en el ágora, pero no es un árbitro ecuánime. Esto quiere decir que, cuando conecta emocionalmente con causas y discursos, se adhiere y participa activamente, convirtiéndose en prescriptor de quienes las promueven. La tecnología ha revolucionado el anquilosado esquema de interacciones sociales y políticas.

Asociaciones empresariales

En ese esquema tradicional, las asociaciones empresariales han jugado un papel muy relevante en los sistemas democráticos occidentales. En España, en los años 80, participaron de la construcción del Estado del Bienestar la gran patronal CEOE, en su interlocución con el Gobierno y los sindicatos. En años de gran actividad legislativa y fuerte actividad sindical, el diálogo del triángulo regulador-patronal-trabajador funcionó y permitió acompañar el desarrollo económico y los avances sociales.

Durante la última década, se les ha sumado una labor más: la defensa de su reputación. Y decimos defensa de su reputación como un movimiento reactivo para proteger su órbita de actuación.

Ello es debido a tres factores:

  • Sus propias decisiones y actitudes
  • La creciente desconfianza ciudadana hacia las organizaciones
  • Una sobrerepresentatividad de las microminorías

Son buenos ejemplos de esto el sector bancario, energético o de servicios. Desde el inicio de la crisis económica en el caso de España (2008-09), las asociaciones empresariales han visto erosionada su influencia, lo que afecta a su capacidad de impactar sobre el marco regulatorio y legislativo (actividad de lobbying) y de ser un actor activo y reconocido en la sociedad. Es un círculo vicioso: el aval social se construye desde el aval político, pero para el político se necesita necesariamente el social. Cuanto más particular y más alejado del interés general esté el interés percibido que defiende una asociación, menor influencia tendrá ésta.

«Las asociaciones empresariales han jugado un papel muy relevante en los sistemas democráticos occidentales»

Cada vez más actores, compiten entre sí por un espacio limitado: el del debate público. Así, consiguen menos presencia en la agenda pública y, como en el dominó, menos relevancia, legitimidad e influencia. Se pierde perspectiva cuando el horizonte de asuntos a los que se dedica uno se reduce estrictamente a los suyos, y esta situación es percibida por la opinión pública y las instituciones.

Activismo patronal

De la misma manera que existen varios factores que explican la pérdida de notoriedad de las asociaciones empresariales, también existe más de una solución, aunque aquí nos centraremos en la que consideramos más urgente: cómo devolver a las patronales un discurso atractivo que imprima relevancia y adhesión a partes iguales y que pueda recuperar la influencia en la esfera política y social.

Proponemos que se conviertan en agentes de transformación. Esto es, que la sociedad perciba a las asociaciones empresariales como referentes en el abordaje de los desafíos globales. No significa sustituir a los políticos, sino colaborar con ellos en dar respuesta a las demandas ciudadanas, pero también al revés: trabajar codo con codo con los consumidores, clientes y ciudadanos en reclamar soluciones y medidas a los actores políticos.

Es lo que denominamos Responsabilidad Política Corporativa (RPC): contribución activa y voluntaria que las empresas realizan para la formulación de políticas públicas que mejoren el bienestar de los ciudadanos y protejan sus derechos.

Existen, principalmente, 2 esferas en las que trabajar la RPC:

  1. Esfera legislativa. Trabajar por aprobar una nueva legislación o modificación de la actual, hacer lobbying.
  2. Esfera del debate público. Intervenir en el debate político a favor o en contra de determinados asuntos públicos.

Nuestra propuesta es aplicar estas técnicas al asociacionismo empresarial como herramienta de fortalecimiento reputacional. Las organizaciones empresariales tienen como misión legitimar la licencia para operar de todos sus miembros y la Responsabilidad Política como instrumento, algo que ha demostrado tener una alta capacidad de generar prescripción y legitimidad.

A continuación, señalamos dos tácticas que se usan en las estrategias de responsabilidad política o lobbying for good:

  • Coalition building o construcción de alianzas, asentando un tema en la agenda pública en colaboración con otras organizaciones, para presentar un frente común.
  • Grassroots, que definimos como el derecho de las comunidades a unirse e influir en los asuntos que les afectan en su día a día.

El ciudadano hace más política desde el consumo que desde la urna, de ahí que una demanda creciente sea que las marcas se comprometan con valores que se posicionen y estimulen políticas públicas de interés general. Existe el riesgo de que algunos ciudadanos penalicen a una empresa o sector por la opinión formulada por la corporación o algunos de sus líderes.

En cuanto a la elección de los temas que merecen ser objeto de una campaña de RPC por parte de un sector económico, s deberán ponderarse correctamente, con el fin de que tenga impacto entre los consumidores, pero que estos no perciban que la campaña únicamente busca el beneficio económico de sus promotores.

En definitiva, la Responsabilidad Política aplicada a las asociaciones empresariales dota a estas de un discurso de amplio espectro, de mayor legitimidad social que ayude en la percepción que el ciudadano o consumidor tiene de ellas y que ayude en su relevancia como interlocutor ante las administraciones públicas, con las que habrá de seguir gestionando su tradicional lista de reclamaciones e issues. Los ciudadanos sabrán premiar a aquellas instituciones que se conviertan en activistas de causas de interés general y que miren más allá de sus intereses particulares.

La res publica pide paso. Es hora de abrir la puerta.

Carmen Muñoz Jodar
Directora Senior de Asuntos Públicos de LLYC en Madrid
Es especialista en Posicionamiento Institucional e Incidencia Política. En su trayectoria profesional ha asesorado a numerosas empresas de los sectores tecnológico, educación o movilidad. Ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el ámbito de los asuntos públicos y corporativos, primero como directora de comunicación institucional de Unión Profesional (colegios profesionales), y más tarde como directora ejecutiva de Gómez Acebo Estudio de Comunicación. Es docente de asuntos públicos y lobbying en varias universidades y escuelas de negocio, entre las que destacan la Universidad Carlos III de Madrid, la Escuela Internacional de Comunicación y Asuntos Públicos de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Europea de Madrid. Además de diversos artículos, es autora del manual Comunicación. Colegios profesionales y colegiados, coordinadora del Manual de comunicación de crisis en el sector colegial y directora de la obra Las profesiones españolas ante el reto del desarrollo sostenible. Es doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la misma universidad, y graduada en Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación por el Instituto de Empresa y en Dirección de Campañas Electorales por ICADE. Es miembro de APRI.
Carlos Ruiz Mateos
Director de Asuntos Públicos de LLYC en Madrid
Carlos Ruiz es especialista en Comunicación Estratégica en el ámbito corporativo, institucional y político. En sus 13 años de experiencia en comunicación y asuntos públicos en España, Portugal y Panamá ha asesorado a cerca de un centenar de compañías, gobiernos y organizaciones. Ha participado en proyectos de consultoría estratégica en operaciones de adquisición, cierre y venta de instalaciones industriales, proyectos de activismo corporativo, gestión de situaciones de crisis que suponen un riesgo para la reputación, interlocución con las administraciones y elaboración e implementación de planes directores de comunicación y asuntos públicos. Es licenciado en Humanidades y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, con postgrados en Dirección de Campañas Electorales por ICADE, y Resolución Pacífica de Conflictos internacionales por la UNED. Es también máster en Análisis Político y Electoral por la UC3M.

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