En su mensaje a la nación del 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra propuso una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al año 2020 (en lugar del 2021), con el objetivo declarado de ponerle fin a la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra sumido el país debido a los permanentes desencuentros entre el Ejecutivo y el Congreso. El anuncio no hizo más que intensificar la confrontación política y la situación de indefinición actual, generando un mar de incertidumbre que ha paralizado el Estado y ha afectado fuertemente las expectativas empresariales. El Perú vive estos días la crisis política más grave de los últimos 19 años.

Iniciamos el quinquenio de gobierno 2016-2021 con altas expectativas. El consenso en el sector privado decía que un Ejecutivo de altas cualidades profesionales, liderado por un tecnócrata como Pedro Pablo Kuczynski, trabajando junto con un Congreso dominado por el fujimorismo, permitiría profundizar las reformas que encaminarían al Perú hacia la OCDE. A su vez, las buenas perspectivas económicas y la confianza empresarial desencadenarían un boom de inversiones, soportadas por una salud macroeconómica envidiable y por un mejor entorno de precios internacionales de las materias primas que exporta el Perú.

Poco de todo esto ocurrió. La situación política se volvió volátil y compleja, deteriorando las expectativas empresariales y deprimiendo los ánimos de inversión del sector privado. Así, en marzo del año 2018, se produjo la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de una gran presión desde el Congreso para vacarlo del cargo y la consiguiente asunción de su primer vicepresidente, Martín Vizcarra.

A este incierto escenario se sumó el mayor avance en las investigaciones por casos de corrupción, que han llegado a involucrar a la mayoría de los líderes de la clase política tradicional. Este contexto de lucha anticorrupción ha desencadenado graves desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues el primero acusa al segundo de “blindar” a magistrados con graves acusaciones.

“La relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha continuado desgastándose, al igual que la eficacia de la gestión pública y la marcha de la economía”

Durante este primer año de gobierno del presidente Vizcarra, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha continuado desgastándose, al igual que la eficacia de la gestión pública y la marcha de la economía. Así, un año más tarde, no sorprende que la propuesta de adelantar las elecciones generales haya sido respaldada por el 75 % de la población.

Tras haber sido anunciada la propuesta, el entorno político se ha vuelto altamente complejo e incierto, cambia día a día y el presidente Vizcarra aún no ha conseguido los votos necesarios en el Congreso para que se apruebe la medida. Más aún, a raíz de esto, renunció la mitad de su ya minúscula bancada en el Congreso.

Sin embargo, el debilitamiento del poder político del mandatario no se ha circunscrito al Congreso, sino que también ha empezado a perder el apoyo de los gobiernos regionales, sobre todo en el sur del país, donde se han intensificado los conflictos sociales relacionados con la actividad minera, con paros y marchas contra dos proyectos emblemáticos de la región. Esta turbulencia política ha frenado el ritmo de crecimiento económico.

Durante ese período vivimos el colapso del sistema de partidos y la expansión de la corrupción. Así, según estimados de APOYO Consultoría, en el 2019 el Perú crecerá un 2,2 %. Dicho crecimiento estará impulsado por escasos motores (minería y agroindustria), siendo marginal el avance de proyectos de infraestructura claves. Y todo esto, debido principalmente a la situación política.

El impacto de la política en el entorno de negocios

Es clave tener claramente mapeados aquellos canales a través de los cuales la política afecta a las decisiones empresariales y, sobre todo, identificar los impactos más relevantes según el sector en el que se opera. Dicho esto, existen cuatro canales centrales por los que la política afecta al entorno de negocios.

El primero es el impacto del ruido político sobre la inversión privada, producido, por ejemplo, por la constante confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Las expectativas empresariales sufren cuando la política genera altos niveles de incertidumbre.

Un segundo canal de riesgo político para las empresas es la emisión de normas que cambian las “reglas del juego” de un sector económico, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Congreso. Esta regulación es impredecible y contradictoria y puede llegar a ser muy costosa para los negocios. La crisis política actual ha elevado el riesgo regulatorio que, de por sí, ya es alto en el Perú.

El tercer canal es la lenta y deficiente gestión pública. Esta situación puede afectar a la empresa desde tres ángulos: como usuario de servicios públicos, como proveedora de bienes y servicios, y como dependiente de la buena situación y gestión macroeconómica. En este Gobierno, el ritmo de la gestión pública ha disminuido continuamente.

Esta paralización se debe a diversos problemas:

• El “miedo a firmar”, producto del avance de las investigaciones en casos de corrupción, que ha paralizado la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo.
• La alta rotación de funcionarios en el Gobierno.
• El reciente cambio de autoridades regionales y municipales, cargos que se renovaron completamente debido a la prohibición de la reelección inmediata.

Todo esto genera constantes retrasos en la toma de decisiones, una baja ejecución presupuestal y un lento avance de los principales proyectos de inversión pública y concesiones.

“Es clave tener claramente mapeados aquellos canales a través de los cuales la política afecta a las decisiones empresariales”

El cambio de autoridades regionales y municipales suele tener un alto impacto en la ejecución de la inversión pública. En este contexto, el cambio de autoridades en las más de 1.800 municipalidades generó una fuerte caída en la inversión pública. Por esto, la evolución de la inversión pública este año será negativa (-1,5 %).

El cuarto canal por el que la política afecta al entorno de negocios son los conflictos sociales. Estos se han intensificado de manera significativa durante la primera mitad del año, sobre todo aquellos asociados a la actividad extractiva en el sur del país.

Esta situación resulta preocupante principalmente por dos motivos. Por un lado, el Gobierno ha solucionado estos conflictos con incentivos inadecuados. Por otro lado, algunos acuerdos que surgen en las negociaciones ponen en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones.

En este contexto en el que la política ha cobrado protagonismo y está generando riesgos importantes para el entorno de negocios, estos deben ser identificados, medidos y monitoreados. Esto permitirá a las empresas aterrizar estos riesgos de manera específica a sus negocios, para así conocer su magnitud e incorporarlos en el manejo de su reputación y sostenibilidad.