Asuntos Públicos 29 May 2019

Tiempos de Corregulación, el Estado no se hace solo

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La política pública de los próximos años tendrá como motor a la iniciativa privada o no será. Las democracias que pretenden depender en su acción de gobierno solo de la iniciativa pública están condenadas a ser democracias crecientemente improductivas e ineficaces. La nuestra lo es ya.

Venimos aquejados de falta de producción legislativa desde hace tiempo. Desde el año 2015, la patronal CEOE publica un informe sobre producción legislativa. El último, de febrero de 2019, constata, a pesar de un leve repunte, una tendencia que hace de los últimos tres años los que registran cifras más bajas de toda la serie histórica desde el año 1970.

A ello contribuyen diversos factores que, combinados entre ellos, conforman la tormenta perfecta de la inacción de gobierno. La CEOE advierte en su informe que “el debate debe centrarse en la mejora de la eficiencia y la estabilidad del marco legislativo, reduciendo su complejidad, limitando la producción de normas y garantizando una cierta estabilidad del ordenamiento jurídico. De igual modo, las normas promulgadas han de ser claras y simples con el fin de evitar ulteriores interpretaciones; la transposición de la normativa europea debe realizarse sin introducir requisitos o cargas administrativas adicionales; y debe adoptarse un sistema de coordinación legislativa entre las Administraciones Publicas”. Pero, ¿cuáles serían esos factores de la tormenta perfecta que justifican esa sensación de cuasi-parálisis? Podríamos señalar tres:

  1. Inestabilidad política
  2. Obsolescencia legislativa
  3. El inasible “nuevo”

De pedir perdón a la construcción del permiso

Las primeras brechas que en este siglo evidenciaron el desajuste entre la velocidad de producción legislativa y la velocidad de la innovación empresarial trajeron consigo a compañías que optaban por pedir perdón antes de pedir permiso. Era una forma de estar en el mercado desde el minuto uno (y no en los almacenes) y de presionar a los poderes públicos para que tomaran posición más rápido y facilitaran un marco regulatorio a esos nuevos actores. La estrategia, con sus dudas, pudo funcionar durante un tiempo, pero el coste económico y social es tremendamente alto y con un retorno dudoso.

De alguna forma, podríamos señalar que tanto lo público (administraciones públicas) como lo privado (empresas y sectores) están siendo apelados en este nuevo tiempo a dotar a la sociedad de reglas de juego claras, justas y estables. Las seguimos necesitando. Si cabe, más que nunca. Ambas partes tienen en su “debe” un trabajo por delante. Las administraciones públicas tienen que mejorar y agilizar sus procesos de toma de decisión, pero, por mucho que estos mejoren, el sector privado tiene que colaborar activa y responsablemente también.

Nuevos enfoques regulatorios

Efectivamente, la velocidad a la que cambia nuestra realidad económica y social exige, pues, nuevos enfoques regulatorios. Es preciso, como decíamos, evolucionar hacia procesos de toma de decisiones de las instituciones públicas mucho más ágiles en las que las compañías afectadas puedan participar.

Los bancos de pruebas o sandbox, como se les conoce en derecho anglosajón, y la autorregulación son dos manifestaciones de esa posible y necesaria colaboración público-privada en la definición de marcos regulatorios proporcionados y eficaces para amparar el desarrollo económico y tecnológico y, a la vez, dar una adecuada respuesta a los riesgos y peligros que dicho desarrollo puede conllevar para la sociedad.

Una adecuada autorregulación permite, por tanto, no solo ofrecer soluciones proporcionadas a problemas aún no concretados, sino que además previene regulaciones inadecuadas. Desde esta perspectiva constituyen un cauce eficaz para canalizar la colaboración regulatoria entre el sector privado y el público, tan indispensable en una situación de disrupción económica y social como la que vivimos en estos días. En este sentido, un compromiso firme de un sector económico con una autorregulación seria y proporcionada a las preocupaciones de las autoridades públicas se traduce igualmente en un mecanismo de posicionamiento institucional especialmente eficaz para que esa colaboración público-privada a nivel regulatorio tenga lugar en la definición y aprobación de futuras normas legales o reglamentarias que se consideren necesarias.

Del mismo modo, el éxito de un banco de pruebas dependerá en gran medida de dos cosas:

  • De la capacidad del regulador responsable de entender los nuevos modelos de negocio.
  • De la disposición y compromiso del operador en pruebas para comprender los riesgos que implica su actividad y la necesidad de que la misma se someta a restricciones proporcionales.

Nuestra tradición jurídico-administrativa y la aparición constante de nuevos actores relevantes en mercados sensibles supone una dificultad real para el establecimiento y generalización de sistemas de autorregulación o bancos de pruebas, pero la tendencia constante hacia este tipo de figuras regulatorias es una necesidad que nuestra realidad cambiante acabará imponiendo.

Carmen Muñoz Jodar
Directora Senior de Asuntos Públicos de LLYC en Madrid
Es especialista en Posicionamiento Institucional e Incidencia Política. En su trayectoria profesional ha asesorado a numerosas empresas de los sectores tecnológico, educación o movilidad. Ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el ámbito de los asuntos públicos y corporativos, primero como directora de comunicación institucional de Unión Profesional (colegios profesionales), y más tarde como directora ejecutiva de Gómez Acebo Estudio de Comunicación. Es docente de asuntos públicos y lobbying en varias universidades y escuelas de negocio, entre las que destacan la Universidad Carlos III de Madrid, la Escuela Internacional de Comunicación y Asuntos Públicos de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Europea de Madrid. Además de diversos artículos, es autora del manual Comunicación. Colegios profesionales y colegiados, coordinadora del Manual de comunicación de crisis en el sector colegial y directora de la obra Las profesiones españolas ante el reto del desarrollo sostenible. Es doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la misma universidad, y graduada en Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación por el Instituto de Empresa y en Dirección de Campañas Electorales por ICADE. Es miembro de APRI.
Carlos Hernández Rivera
Abogado del Estado en excedencia y socio de Mercados Regulados de RCD
Asesora a empresas y asociaciones sectoriales en sus relaciones con las Administraciones Públicas y otras instituciones al objeto de promover o intervenir en procesos regulatorios en defensa de sus intereses. Está especializado en sistemas de autorregulación y la propuesta de soluciones regulatorias en mercados disruptivos.Con carácter previo y tras su paso por la Abogacía del Estado, fue Director General de Ordenación del Juego en el Ministerio de Hacienda y, en su condición de tal, responsable de la apertura del mercado español de juego online.
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